Dragas, laboratorios y otros elementos destinados para la producción de alcaloides fueron decomisados o destruidos por las Fuerzas Militares en Mapiripán, Meta
En el desarrollo de la Operación Artemisa, la Gobernación del Meta, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y Cormacarena, en un trabajo coordinado y mediante información de inteligencia militar, llegaron hasta la vereda San Fernando del municipio metense de Mapiripán en donde encontraron dos dragas utilizadas para la minería ilegal, cuatro zonas de aprovechamiento forestal sin los permisos correspondientes, con afectación a especies nativas de bosques primarios, un laboratorio para la producción de pasta base de coca y se erradicó una hectárea de mata de hoja de coca. Las autoridades atribuyen la propiedad de lo hallado a las disidencias del Frente 1° de las FARC al mando de alias «Iván Mordisco».
Miembros del Comando Aéreo de Combate No. 2 y tropas de la Séptima Brigada, técnicos del CTI, funcionarios de Cormacarena y personal idóneo en el manejo de explosivos de la Policía, se llegó al lugar de las dragas, hallando que tenía una capacidad para siete personas, contaba con sistema eléctrico y estaban equipadas para la extracción de oro ilegal, avaluadas en 60 millones de pesos, así mismo, ubicaron cuatro zonas de aprovechamiento forestal, que contenían nueve individuos arbóreos correspondientes a ocho cedros y un achapo de 60 metros de altura y 100 centímetros de diámetro aproximadamente, utilizados al parecer para la elaboración de dragas caseras.
En el mismo lugar, se ubicó un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, elaborado en madera y láminas de zinc, que contenían 100 kilogramos de coca picada,110 galones de base de coca en proceso y 88 galones de ACPM, con una capacidad de producción semanal de 25 kilogramos de pasta base de coca, avaluado en 5 millones de pesos.
Igualmente en inmediaciones del sector, se erradicó una hectárea de mata de hoja de coca, afectando de manera directa la economía ilícita del GAO-R Estructura Primera.
El material fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Protección del Medio Ambiente N.° 19 para su judicialización y posterior destrucción.
«La explotación ilícita de los yacimientos ilegales de oro se ha convertido en un negocio rentable para los grupos armados organizados ya que, una vez extraído, puede ser comercializado posteriormente de manera legal. Es por este motivo que la biodiversidad y riqueza de diferentes regiones del país se está viendo golpeada por la deforestación que produce este delito ambiental, problemática que genera la contaminación de fuentes hídricas de las cuales las comunidades que se encuentran a su alrededor subsisten» dijo el brigadier general Sergio Alberto Tafur García, comandante de la IV División del Ejército Nacional.
