Hay tres posibilidades para corregir la aplicación de una norma que es a todas luces autoritaria: demandarla por inconstitucional en su aplicación; que la Policía expida una directiva que aclare la manera cómo debe aplicarse; o reformar la norma a través del Congreso.
Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos, en octubre de 2012, radicó ante el Congreso el código de Policía, innumerables voces se alzaron para advertir que se trataba de una propuesta retardataria y peligrosa para los derechos de los ciudadanos. Sin embrago, el 16 de junio de 2016 la Cámara de Representantes, con una aplastante mayoría, aprobó un articulado que le otorgaba a la Fuerza Pública super poderes.
Tres años después, y ante un video en el que se observa el momento en el que un ciudadano es multado por un grupo de policías por comprar una empanada, los reflectores han vuelto sobre la Ley 1801. Incluso, desde el momento en que el video se difundió en redes sociales de forma viral han aparecido cientos de videos más en que policías increpan ciudadanos, los multan o golpean a vendedores ambulantes.
Tanta ha sido la indignación que ya empieza la cacería de brujas en busca de los responsables. Los primeros en ser señalados fueron los congresistas que, salvo en pocas excepciones, como la del senador Luis Fernando Velasco, han admitido que se equivocaron. “Sin eludir responsabilidad que nos cabe a cada uno de los miembros del congreso, el empanada-gate tiene mucho que ver con fetichismo jurídico. En Colombia creemos que los problemas sociales se solucionan con una ley que sancione alguna conducta. Hay que revisar código de policía”, escribió el parlamentario Liberal.
Y es que muchos se preguntan ¿Qué hacer para rectificar una ley que se está convirtiendo en fuente de injusticias? existe varios caminos, pero el más director es tramitar una reforma a la norma en el Congreso de la República, pues en abril de 2017, la Corte Constitucional declaró exequible la ley y modificó solo 17 artículos, pero no tocó el que versaba sobre las sanciones a quienes ocupen u obstruyan el espacio. El asunto es que el código no es específico en este tipo de situaciones y, como en muchas otras materias sobre las que se legisló, quedó sujeto a la interpretación de la Fuerza Pública cuando se infringe la ley.
El senador Germán Varón Cotrino, quien fue ponente de la iniciativa, explicó que “la norma no está orientada a multar ni a compradores ni a vendedores”, pues las Corte Constitucional ya ha fijado jurisprudencia sobre quiénes pueden ser multados por ocupar el espacio público y en ninguno de sus fallos se ha referido a los vendedores ambulantes. “La ley está muy mal interpretada porque la capacitación fue erróneamente desarrollada y entonces tratan de justificarlo diciendo que el código contiene una norma que permite esta facultad. No es cierto”, puntualizó el senador de Cambio Radical.
Varón criticó la capacitación que adelantó la Policía Nacional a sus uniformados. “El Policía que multó al ciudadano que compró la empanada no estaba capacitado para aplicar la ley. Están cometiendo un exceso y eso en consecuencia deja ver que toda la plata que gastaron en capacitaciones no sirvió porque están aplicando de manera excesiva una norma”, añadió el parlamentario, no sin antes advertir que la mala interpretación que están haciendo de la norma los uniformados puede producir modificaciones al código que hará “inane” un instrumento que fue construido “juiciosamente” en el Congreso y estudiado por la Corte Constitucional.
En este sentido, el representante Inti Asprilla, quien fue uno de los tres parlamentarios que votaron negativamente a la iniciativa, anunció que solicitarán un debate de control político al Ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional, y al director de la Policía Metropolitana de Bogotá por la falta de capacitación a los uniformados para aplicar la norma. Además, Asprilla explicó que el artículo que permite las multas fue pensado para atacar las mafias que se lucran del espacio público cobrando extorsiones a vendedores informales por su utilización y no a quienes lo utilizan para sobrevivir.
“Es una norma mala interpretación. Lo que se puede hacer es exigirle a la policía, que es lo que se va a hacer, que se expida una directiva aclarando la manera en la que se interpreta la norma, que no se interprete de manera contraria al espíritu del legislador. Si ese problema persiste hay tres opciones: demandar por inconstitucionalidad la norma con base en la aplicación que se le está dando; derogarla o reformarla vía Congreso de la República”, puntualizó Asprilla.
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EL ESPECTADOR
