Un contundente fallo judicial pone al descubierto los graves peligros de los procedimientos estéticos ilegales en el país. Cinco mujeres fueron condenadas a penas de prisión tras aceptar de forma voluntaria los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, luego de ser halladas responsables de integrar una red criminal que realizaba intervenciones quirúrgicas de manera clandestina e irregular en la ciudad de Medellín, dejando secuelas imborrables en decenas de víctimas.
Las hoy sentenciadas fueron identificadas por las autoridades como Yarleny Mosquera Aguirre, Elizabeth Rojas Tobón, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo. De acuerdo con el acervo probatorio de la Fiscalía, la red operó entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual captaban a sus víctimas principalmente a través de atractivas pautas en redes sociales, donde promocionaban paquetes de supuesta lipólisis láser con transferencia glútea a bajos costos. Atraídas por las ofertas, al menos 55 mujeres acudieron a viviendas particulares acondicionadas falsamente como salas de cirugía, las cuales carecían por completo de las condiciones mínimas de higiene, salubridad y habilitación legal.
La investigación técnico-científica determinó que Yarleny Mosquera Aguirre realizaba las cirugías haciéndose pasar por médica cirujana, sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Rojas Tobón se encargaba del recaudo económico y la coordinación, mientras que las otras tres implicadas administraban anestesia local, aplicaban medicamentos sin control y realizaban los masajes posoperatorios. Como consecuencia de la total falta de aserciones médicas, más de 40 mujeres resultaron contagiadas con una agresiva bacteria no tuberculosa que les ocasionó graves infecciones, deformidades físicas irreversibles y limitaciones funcionales permanentes. Tras el preacuerdo, el juez del caso las condenó por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada, imponiendo penas que van desde los 83 hasta los 88 meses de prisión efectiva.
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