La sorpresiva renuncia de Sergio Muñoz a la gerencia de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) deja tras de sí un balance profundamente cuestionado por la ciudadanía, veedurías y sectores comunitarios del departamento. Su salida no solo reabre el debate sobre la parálisis de grandes proyectos viales y de equipamiento urbano, sino que deja al descubierto promesas incumplidas sobre la reactivación de obras emblemáticas que hoy continúan convertidas en «elefantes blancos».
Promesas rotas y frentes paralizados
Al asumir la gerencia de la entidad, Muñoz se comprometió públicamente a destrabar, destinar recursos y poner en marcha proyectos de infraestructura que llevaban años en el abandono en distintos municipios del departamento. Sin embargo, tras su dimisión, el inventario de obras paralizadas sigue intacto:
Frentes de obra abandonados: Múltiples intervenciones en corredores viales departamentales e infraestructura social quedaron suspendidas o con un avance físico mínimo respecto a los cronogramas oficiales.
Incumplimiento a las comunidades: Proyectos clave para la conectividad rural y la mitigación del riesgo terminaron en anuncios mediáticos sin sustento técnico ni presupuestal ejecutado en territorio.
«Se prometió que las obras abandonadas dejarían de ser monumentos a la ineficiencia, pero hoy la gestión de la AIM se retira dejando exactamente las mismas ruinas viales y sin explicaciones claras a los ciudadanos», denunciaron voceros comunitarios.
Contratos bajo la lupa por presuntos sobrecostos
A la sombra de los proyectos inconclusos se suma un ingrediente aún más crítico: durante la gerencia de Sergio Muñoz en la AIM, se adjudicaron importantes contratos de obra pública y pavimentación que hoy registran presuntas irregularidades y sobrecostos.
Entre los puntos contractuales que investiga la Veeduría Ciudadana destacan:
1. Adjudicaciones con elevados costos indirectos (AIU): Contratos de infraestructura donde los componentes de administración e imprevistos representaron un porcentaje desproporcionado sobre el costo real de la obra en terreno.
2. Uso de adiciones presupuestales: Adjudicación de licitaciones y convenios con diseños preliminares o incompletos, un modelo que abrió la puerta a millonarias adiciones económicas durante la fase inicial de ejecución.
3. Falta de sustento técnico en ítems de obra: Contratos viales y de pavimentación con bolsas presupuestales de «obras complementarias» sin la debida justificación de precios unitarios respecto a los valores de mercado.
La Veeduría Ciudadana avanza en la sistematización de estos expedientes para formalizar denuncias ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía, exigiendo auditorías forenses a los contratos adjudicados bajo la administración de Muñoz. Desde HB Play continuaremos vigilando el desarrollo de estas investigaciones y el destino de los fondos públicos del departamento.
