Según la denuncia presentada por varias personas, algunos comerciantes de la ciudad eran amenazados y obligados a pagar entre $150.000 y $200.000 pesos semanales para no ser agredidos en su integridad familiar ni personal, intimidaciones de las que haría parte González Álvarez.
Investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de Ejército y Policía Nacional, materializaron la orden judicial de captura en vía pública del mismo municipio.
Ante un Juzgado con función de control de garantías se llevaron a cabo las audiencias concentradas contra el capturado, quien ya cumplió la mayoría de edad. Por su parte, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de extorsión agravada consumada en concurso con concierto para delinquir, que no fueron aceptados.
Ante la decisión del juez, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico del detenido y garantizar que esté en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.
La Fiscalía General publica esta información por razones de interés general.
