Aunque el 95% de los municipios del país tienen sistemas de tratamiento de agua potable; a la hora de la verdad, son muchísimos menos. El profesor Manuel Rodríguez Susa busca determinar cuál es la verdadera calidad del agua en el país.
“Lo más importante es hacer visible lo invisible”, sentencia Manuel Rodríguez Susa, refiriéndose a la baja calidad del agua en entornos rurales y al desconocimiento, por parte de los habitantes, de los efectos dañinos que su consumo puede causarles.
El profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes lidera un proyecto que mide la calidad del agua consumida en hogares de estas zonas, donde muchas veces el agua no tiene las condiciones adecuadas o simplemente no hay acueducto.
Para lograrlo, se han analizado muestras provenientes de más de 200 hogares en las veredas Chigualá y San Pablo, del municipio de Villa Pinzón, y en dos municipios del departamento del Cesar (Astrea y Pueblo Bello) con el fin de determinar si contenían microorganismos patógenos (Escherichia coli, coliformes totales, aerobios mesófilos, Salmonella sp o Pseudomonas aeruginosa, entre otros) y establecer un índice de riesgo, inexistente para zonas rurales hoy en día.
“Buscamos presentar los resultados a través de cifras que, a futuro, sirvan para generar normas y definir acciones que promuevan una óptima y equitativa calidad del agua”, apunta Rodríguez Susa.
Al mismo tiempo, lidera otra investigación en entornos urbanos, cuyo objetivo es determinar la concentración en agua potable de subproductos de desinfección. “En el mundo se conocen entre 600 y 700 sustancias, que empezaron a reglamentarse, pues aún en dosis bajas tienen efectos muy negativos en la salud. Por ejemplo, el cáncer de vejiga está muy relacionado con algunas de ellas. No obstante, a nivel nacional solo están regulados los trihalometanos”.
Durante cuatro años se han recolectado y analizado muestras de agua proveniente de diferentes puntos de Bogotá. Con estos datos, más la información emitida por las empresas de acueducto de las 32 capitales departamentales, se está generando una biblioteca georreferenciada que registre las sustancias halladas, para crear un mapa de riesgos. “Es bueno generar esta información y difundirla, para que la gente enfrente cada vez riesgos menores, y promover el debate sobre si es necesaria una norma más rigurosa que las controle”, concluye.
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EL ESPECTADOR
