La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la exsecretaria de Hacienda de Villavicencio, Dolly Forero Gracia (2016-2019), y al exdirector Técnico de Impuestos del municipio, Miguel Antonio Meneses Garavito, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato sin especificar el valor de la cuantía.
La Procuraduría Provincial de Villavicencio endilgó un primer cargo a la exsecretaria porque presuntamente asumió un compromiso con el abogado Jaime Orlando Tejeiro Duque, bajo el Contrato 1149 del 29 de abril de 2019, con una duración de ocho meses sin un posible valor específico, y sin la previa disponibilidad y registro presupuestal. La posible falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.
El contrato tenía como objeto la “prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Impuestos municipales de la Secretaría de Hacienda de Villavicencio en los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los impuestos”.
El ente de control endilgó un segundo cargo a Forero Gracia porque presuntamente omitió elaborar los correspondientes pliegos de condiciones y agotar la convocatoria pública que permitía la pluralidad de oferentes en la selección del contratista, y más tratándose de la administración y manejo de tributos públicos, y por el contrario habría utilizado la modalidad de contratación directa definida como prestación de servicios, presunta falta calificada como grave, a título de dolo.
La Procuraduría imputó un tercer cargo a la exsecretaria de Hacienda y al exdirector Técnico de Impuestos como supervisor por presunto detrimento al patrimonio del Estado, porque habrían certificado la ejecución del contrato con un acta de terminación anticipada con fecha del 21 de agosto y publicada en el SECOP el 28, sin que al parecer se cumpliera a cabalidad y de manera integral con las 11 actividades pactadas con el contratista, entre las que se encontrarían: sustanciar procesos de cobro persuasivo, requerimientos a los deudores y asesorías.
El Ministerio Público busca establecer por qué los investigados habrían cancelado al abogado por concepto del contrato un valor de $321.831.627 por el período comprendido entre el 29 de abril al 28 de mayo de 2019, como constaría en el comprobante de egreso 7350, sin el cumplimiento del periodo pactado, ni la posible existencia de los soportes de las actividades previstas en la primera cláusula de éste, con lo que pudieron comprometer las finanzas del municipio, presunta falta calificada como gravísima, a título de dolo.
El ente de control al considerar que los cargos presuntamente endilgados a los exfuncionarios pueden constituir actos de carácter penal ordenará la compulsa de copias a la Dirección Seccional de la Fiscalía de Villavicencio para lo pertinente.
