Por: Juan Agustín Santos
A escasos cinco meses de terminar el periodo constitucional 2016 – 2019, siete de los once Diputados de la Asamblea departamental del Meta salieron airosos de una demanda de pérdida de investidura promovida por el ciudadano abogado, Saúl Villar Jiménez.
El Tribunal Contencioso Administrativo, al admitir el concepto de la Procuraduría, negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se constituye una responsabilidad a título de dolo o falta grave para una pérdida de investidura.
La Delegada del Ministerio Público conceptuó que, sí la intención era la de atacar el acto administrado mediante el cual eligieron al secretario general de la Asamblea, Jorge Eliecer Parrado Guerrero, el medio de control sería una Acción de Nulidad y restablecimiento de derechos.
Sin embargo, el demandante considera que habrían incurrido en un conflicto de intereses, tráfico de influencias e indebida destinación de dineros, al no haberse contrato una universidad con idoneidad para selección de hojas de vida y adelantar los trámites administrativos para ese tipo de elección.
Los Diputados en mención, Óscar Eduardo Apolinar Martínez, Natalia Rodríguez Oros, José Manuel Sandoval Garzón, Javier Eduardo Aranda Hernández, Lucy Fernanda Tamayo Fierro, Mauricio Alcibíades Niño Guayacán y Héctor Fabio Vélez Bermúdez.
