La violencia en el Catatumbo sigue cobrando vidas y desarraigando comunidades enteras. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales ha dejado un saldo de 60 personas fallecidas y más de mil desplazados.
Las comunidades denuncian graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, confinamientos y desplazamientos masivos hacia Venezuela y otras regiones en busca de refugio. La crisis humanitaria no da tregua, con desplazamientos forzados de comunidades indígenas y secuestros masivos con fines extorsivos.
La vida en los municipios afectados está prácticamente paralizada, con actividades económicas y educativas suspendidas y reportes de escasez de alimentos en las áreas rurales. La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno y a las autoridades locales a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar el acceso a ayuda humanitaria.
El Catatumbo se encuentra al borde del colapso, y sus habitantes claman por soluciones inmediatas que pongan fin a esta tragedia humanitaria.
